Acuerdo de autofacturación y expedición de facturas

Para nuevos encargos de comisión en nombre propio, este acuerdo se celebra entre el profesional proveedor y SCD Global OÜ, registro 17309316, IVA EE102893128, como destinataria de la prestación en la cadena fiscal correspondiente. La ficha identifica razón social o nombre, domicilio, país, residencia fiscal, registros, estado de IVA, representante y facultades, encargos, canal y fecha de inicio. Si el profesional es una sociedad, proveedor y beneficiario son esa sociedad, no el representante por firmar.

El profesional autoriza previamente a SCD a emitir en su nombre y por su cuenta las facturas y documentos rectificativos admitidos de esa relación. La aceptación del mandato comercial, un alta, un dato fiscal o un payout no sustituyen la aceptación específica de este acuerdo y del procedimiento de aceptación de facturas. Ambas partes reciben copia conservable.

El acuerdo es documental y fiscal: no acredita por sí solo una venta, prestación, derecho a cobrar, garantía del cliente ni una exclusión regulatoria. No se aplica retroactivamente a encargos directos antiguos ni cambia al destinatario de una factura ya emitida. Una expedición por tercero para otra modalidad exige su propio ámbito y destinatario real.

En el modelo de comisión en nombre propio, SCD factura al cliente los servicios contratados en su nombre y la autofactura del profesional documenta la prestación profesional–SCD que corresponda conforme a la normativa fiscal. Son documentos de tramos distintos: el cliente puede recibir una factura consolidada de SCD sin que desaparezcan las autofacturas internas de cada proveedor.

Solo se incluyen encargos reales, identificados y autorizados. No se documentan préstamos, regalos, empleo, depósitos generales ni servicios inexistentes como trabajos profesionales. El mandato no autoriza modificar precios, presentar declaraciones, registrar al profesional ante autoridades ni emitir declaraciones fiscales o firmas falsas.

Antes de usar autofacturación se comprueban las reglas del país y de la operación, incluidos registros, facturación electrónica obligatoria, menciones, idioma, plazos y retenciones. Cuando no sea un procedimiento admitido o no sustituya el documento local obligatorio, el profesional facilitará la factura o documento exigido por el cauce acordado. No basta generar un PDF.

La contraprestación y el tratamiento de IVA de cada tramo se determinan según la prestación y las partes reales. No se atribuye automáticamente IVA cero a un no registrado ni se usa una inversión del sujeto pasivo sin cumplir sus requisitos. La comisión incluida en el precio no se factura de nuevo como idéntico servicio; los servicios independientes deben identificarse por separado.

El profesional comunica su identidad fiscal, régimen aplicable, registros, exenciones y certificados necesarios y notifica inmediatamente cambios que afecten a facturas futuras. La entidad expedidora aplicará la diligencia debida sobre la información recibida, cumplirá las formalidades a su cargo y no aplicará mecánicamente datos manifiestamente incoherentes.

La responsabilidad legal del profesional por sus obligaciones tributarias se mantiene. La entidad expedidora responde de errores de generación, duplicidad o incumplimiento del mandato que le sean imputables. Ninguna parte garantiza deducibilidad universal ni exención de impuestos por el solo uso de autofacturación.

La numeración, series, fecha, contenido, moneda, menciones fiscales y conservación se ajustarán a la normativa aplicable a la operación. Cuando un país exija registro, homologación, autorización o canal específico de facturación electrónica, no se considerará cumplido por generar un PDF.

Cada factura se entregará al profesional por medio que permita su consulta y conservación, acompañada de aviso al contacto designado. El profesional podrá aceptarla expresamente o comunicar discrepancias. La aceptación expresa es el procedimiento ordinario.

Solo si la ficha de mandato selecciona expresamente la modalidad de aceptación por falta de oposición y la ley aplicable la permite, se aplicará el plazo concreto aceptado en esa ficha, contado desde la entrega acreditable de la factura y el aviso al profesional. Sin esa selección y plazo no se presume una aceptación tácita. La simple carga sin aviso o la falta de acceso acreditada no inicia el plazo. Cuando la ley exija otra forma de aceptación, se empleará esa forma.

La aceptación documental no convalida errores fiscales, no extingue derechos a rectificación ni certifica por sí sola que el trabajo haya sido aceptado o pagado. Una discrepancia se comunicará con identificación de los datos afectados; la entidad la investigará y corregirá sin demora injustificada. No se exigirá emitir una segunda factura para resolverla.

El profesional no expedirá simultáneamente otra factura por una operación ya incluida en el mandato, salvo coordinación documentada para sustituir o rectificar el documento conforme a la ley. Las partes compartirán las referencias necesarias para evitar doble facturación y doble declaración.

Los documentos erróneos se rectificarán por el procedimiento legal con referencia a la factura original; no se eliminará el rastro de auditoría. Las diferencias económicas se ajustarán por su causa real, sin confundir rechazo de la factura con devolución del pago.

Cada parte conservará las facturas, aceptaciones y datos que le correspondan durante los plazos legales. El profesional dispondrá de copias descargables y podrá obtenerlas por canal seguro al finalizar el servicio. El tratamiento y transferencia de datos se regirán por las obligaciones aplicables a cada función.

El mandato empieza en la fecha de aceptación de su ficha y se mantiene para las operaciones definidas hasta revocación o finalización. El procedimiento, efecto y preaviso de revocación serán los previstos en el mandato efectivamente aceptado y en la ley. Esta página no añade un preaviso a un mandato que permita revocación inmediata ni sustituye su procedimiento de aceptación de facturas. No se continuará una expedición que haya dejado de estar autorizada; se coordinarán las operaciones anteriores y sus rectificaciones para evitar omisiones.

La revocación no impide corregir documentos anteriores ni conservarlos legalmente. Desde su efectividad, el profesional o nuevo expedidor asumirá las facturas futuras. Si un servicio exige autofacturación y no puede prestarse lícitamente sin ella, se suspenderán únicamente nuevas operaciones afectadas, sin retener pagos ya debidos como penalización.

La ficha de aceptación recoge: prestador; destinatario; entidad expedidora; modalidad; operaciones cubiertas; normativa de facturación aplicable; procedimiento de aceptación; canal de entrega; fecha de inicio; representantes y evidencia de su aceptación. Los campos se completan antes de activar el mandato. Se aplican las condiciones generales en lo no previsto y las normas fiscales imperativas prevalecen.

Worksible podrá detener la emisión de nuevos documentos sobre operaciones cuya realidad, identidad fiscal o mandato no pueda verificar, explicando la incidencia cuando sea posible. Una disputa o alerta no autoriza inventar una prestación, cambiar al verdadero emisor, antedatar la aceptación ni alterar silenciosamente un documento ya emitido.

La suspensión o cierre de una cuenta no elimina facturas, series, referencias ni obligaciones tributarias. Las anulaciones o rectificaciones se documentarán por el procedimiento aplicable, con vínculo al original y numeración no reutilizada. La calificación interna de sospechosa no constituye por sí sola una decisión fiscal definitiva ni convierte el importe en ingreso de Worksible.

La contraprestación fiscal, los impuestos y retenciones, los costes, una reserva temporal y el neto de payout se identificarán separadamente. La emisión seguirá el hecho y plazo fiscal aplicables, que no coinciden necesariamente con una retirada o un payout exitoso. Se conservarán y facilitarán por un canal seguro las copias que correspondan, incluso si el acceso ordinario queda restringido.